Ley N.º 21.850
Entiende qué cambia, cuándo y cómo prepararte
Revisa las medidas por fecha, tipo de contribuyente y decisión antes de aplicarlas a tu situación.
La Ley N.º 21.850 incorporó medidas tributarias para financiar la reconstrucción de Valparaíso y modificó reglas que afectan a personas, familias, empresas, pymes e inversionistas. Algunas disposiciones comenzaron a regir con la publicación de la ley; otras entrarán en vigencia durante 2026, 2027 y los años siguientes.
No todas las medidas son relevantes para todos. Una donación familiar, la renta de una vivienda DFL2, las utilidades acumuladas de una empresa o una deuda tributaria requieren análisis distintos. Esta guía ordena los cambios por tema, fecha y tipo de contribuyente.
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Implementación por etapas
La reforma fue publicada el 17 de octubre de 2026. Desde esa fecha comenzó a correr el plazo para optar por el impuesto sustitutivo del 10% sobre determinados fondos y utilidades acumuladas. Luego se activan medidas en noviembre y diciembre de 2026, mientras que otro grupo comienza el 1 de enero de 2027.
Los cambios a la integración del sistema tributario y a la tasa general del Impuesto de Primera Categoría se aplican gradualmente. Es necesario distinguir entre fecha de publicación, año comercial y año tributario.
Parte por el tipo de decisión que estás evaluando. Cada enlace profundiza sus requisitos, plazos y efectos.
En transferencias familiares también deben revisarse las asignaciones forzosas, el patrimonio disponible y los efectos de una futura venta.
En una empresa también importan el período, los registros tributarios, los créditos disponibles y el impacto sobre la caja.
Conviene comparar el impuesto, el costo de cumplimiento, la disponibilidad de fondos y los efectos de vender o reorganizar la inversión.
Si existe una diferencia con el SII, primero deben revisarse su origen, los antecedentes disponibles, los plazos y la vía de defensa.
Calendario general
Estas fechas entregan una visión general. Cada medida conserva requisitos y reglas transitorias propias.
Comienza el período de ocho meses para ejercer la opción por el impuesto sustitutivo del 10%.
Entran en vigencia el crédito por remuneraciones y determinadas modificaciones procedimentales.
Comienzan la rebaja del impuesto a las donaciones y la exención de IVA para determinadas viviendas.
Se activan cambios sobre SENCE, inversiones, bolsa, contribuciones, DFL2, tratamientos y capitales.
Disminuye por etapas la tasa general y avanza gradualmente la integración del crédito.
Una planificación útil conecta el impuesto de hoy con la operación y sus consecuencias futuras.
En Justo Proceso revisamos los antecedentes, determinamos qué medidas son aplicables, comparamos escenarios y acompañamos el cumplimiento ante el SII.
Respuestas generales basadas en la Ley N.º 21.850. La aplicación concreta depende de cada antecedente.
Los cambios abordados en esta guía están contenidos en la Ley N.º 21.850, publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2026. Contempla medidas permanentes y transitorias con distintas fechas de vigencia.
No. Algunas comenzaron con la publicación; otras lo hacen el 1 de noviembre o el 1 de diciembre de 2026, el 1 de enero de 2027 o de forma gradual en años posteriores.
No. Incluye medidas para personas, familias, propietarios de viviendas, pymes, empresas, inversionistas y contribuyentes con deudas tributarias.
No necesariamente. Deben revisarse los requisitos, la base imponible, los créditos que podrían perderse, la disponibilidad de caja y los efectos futuros.
Depende del régimen tributario, los registros empresariales, el tipo de operación y el período analizado. En medidas como Pro Pyme o IUSIF, esa revisión previa es determinante.
No. Reduce el impuesto bajo determinadas condiciones, pero no elimina las reglas civiles de la donación ni sus consecuencias sobre la herencia futura.
Sí. La implementación considera nuevas circulares y resoluciones. Antes de ejecutar una operación debe revisarse la normativa administrativa vigente para esa fecha.
Sí. Podemos analizar los antecedentes, explicar las alternativas y acompañar la implementación tributaria y legal. Solicitar evaluación.
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